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Causa Cuadernos: el Tribunal fijó 16 pautas para el juicio y manda una señal a los imputados que quieren evitar ser juzgados
Este miércoles el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) realizó la audiencia ordenatoria en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Con la participación de todos los abogados defensores y la fiscalía representada por Fabiana León, se leyeron las 16 pautas bajo las cuales se va a regir el juicio que iniciará el 6 de noviembre y que tiene como principales acusados a Cristina Kirchner, ex funcionarios K y una decena de empresarios que pagaban presuntos sobornos para quedarse con obras.
La audiencia de este miércoles se leyó como un mensaje a los imputados que pidieron una «reparación integral» para evitar el juicio. En estos días se debe resolver si aceptarán o no el planteo que medio centenar de empresarios formularon como vía alternativa para zafar del proceso.
Cerca de las 10:30 el presidente del Tribunal, el juez Méndez Signori comenzó con la lectura de las pautas bajo las cuales se desarrollará el debate que, por el momento, tendrá a 174 imputados sentados en el banquillo de los acusados.
Se leyeron 16 pautas que serán las que ordenarán el juicio que, se confirmó una vez más, comenzará el 6 de noviembre a las 09:30.
Entre las reglas impuestos por el TOF 7 se informó que habrá un celular del Tribunal específico para este caso y su respectivo juicio. “Todas las partes deberán consultar a través de ese celular como informar ciertas cuestiones”.
Asimismo, se determinó que será una sola conexión por acusado y abogado, entendiendo las dificultades técnicas que puede representar habilitar diversas conexiones. Esto significa que para las primeras audiencias de lectura del requerimiento de elevación a juicio, los acusadoras deberán estar en el mismo lugar que sus abogados.
Para agilizar la conexión previo al inicio del juicio y posteriores audiencias, el Tribunal pidió que los abogados se conecten una hora antes.
El juicio que será en su totalidad de forma virtual, se va a transmitir por Youtube y las mismas serán grabadas.
Entre las 16 pautas se admitió que si alguno de los abogados no puede asistir a alguna audiencia, deberán designar un sustituto y si los imputados quieren declarar, también deberá informarse previamente. En esa misma dinámica, los testigos que vayan declarando serán anticipados a las partes previo al inicio de cada audiencia.
A partir de marzo de 2026 serán dos audiencias semanales: martes y jueves de forma virtual.
La próxima decisión que el Tribunal deberá comunicar es si acepta o rechaza, tal como pidió la fiscalía, la reparación integral que medio centenar de empresarios ofrecieron para evitar el juicio oral y público.
Para la justicia federal, según confirmaron los jueces de tres instancias, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros. Esa acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el año pasado y se allanó el camino hacia el juicio.
Mientras cumple la sentencia condenatoria del caso Vialidad, donde se la acusó del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con un daño ocasionado estipulado en 537 millones de dólares, la ex Presidenta estará sentada otra vez en el banquillo de los acusados: cinco años después desde que el fallecido juez Claudio Bonadio, elevó la causa a juicio oral y público.
A partir de ese día, las audiencias se harán todos los jueves. Se admitieron 630 testigos para el debate oral y público en una causa con más de 147 imputados -casi todos políticos y ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios- involucrados en el circuito de sobornos.
La ex presidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita y se le atribuyen un conjunto de hechos vinculados a las coimas que su gobierno percibía para garantizar a contratistas del Estado diversas concesiones, negocios y obras públicas.
El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
El sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.
La estructura investigada, básicamente, consistía «en una serie de ‘puntos fijos de recaudación, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación que se leerá el día del juicio.
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