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Creía que su mujer lo engañaba y ordenó escuchas a su teléfono y al del supuesto amante: lo condenaron
Un ex secretario penal del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes sumó su segunda condena, esta vez a cuatro años de prisión por haber ordenado una escucha ilegal a su propia esposa porque sospechaba de una infidelidad.
El fallo recayó sobre Pablo Carlos Molina (54), quien ya había sido hallado culpable de beneficiar a poderosos narcos que operaban en la localidad de Itatí.
En la última audiencia, el imputado prefirió mantener el silencio mientras que sus defensores pusieron en duda que la firma estampada en el oficio que ordenaba las escuchas le perteneciera a Molina, ya que no hubo una pericia caligráfica que lo corroborara.
Apenas escuchó el fallo, Molina se mostró visiblemente molesto mientras ensayaba una negación con la cabeza, sin levantar la vista.
Pablo Carlos Molina (el primero desde la izquierda), ex secretario del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes que espió a su esposa por celos.
Además de imponerle una condena de cuatro años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real, los jueces Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino establecieron su inhabilitación absoluta por ocho años.
Antes de la feria judicial, el fiscal general Carlos Schaefer, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, habían pedido que Molina fuera sentenciado a cinco años de cárcel imputándole además el delito de violación de los deberes de funcionario público.
Molina fue juzgado por delitos que cometió en 2014, cuando se desempeñaba como secretario penal en el Juzgado Federal de Corrientes.
El funcionario, de extrema confianza del juez Carlos Vicente Soto Dávila, atravesaba una crisis con su esposa, a quien acusaba de infidelidad con un ex novio de la juventud.
Cómo empezó la investigación
El 27 de agosto de ese año, la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones. Apenas dos semanas después, Molina y el juez Soto Dávila ordenaron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de quien el secretario sospechaba que era su amante.
Según los fiscales Schaefer y Uriona, en su rol de secretario penal, Molina confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial con destino a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pidiendo que se hiciera escuchas a su pareja y al amigo de la infancia.
Molina argumentó que esos números eran de personas que integraban una organización narco que era investigada por Gendarmería desde 2013.
Un oficial de Gendarmería dijo que le resultó extraño porque en ese expediente se había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos y que los teléfonos que habían intervenido hasta ese momento eran de Paraguay, Provincia de Buenos Aires y Mendoza, no de la provincia de Chaco.
El hecho se descubrió en marzo de 2019 por un descuido del propio Molina, quien olvidó retirar de su oficina los CD con las escuchas tras ser relevado de su cargo por beneficiar junto a Soto Dávila a una organización narco de Itatí.
Cuando los empleados judiciales relevaban los elementos que quedaron en la oficina, se toparon con 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio Molina insultando y amenazando a su pareja.
Video
En una escucha de julio de 2016, un narco dice que «puede estar tranquilo» si su causa pasa al juzgado de Carlos Soto Dávila.
El funcionario incluso amenazaba a su mujer con matarse delante de su casa. En una de ellas, Molina le dijo: “¿Vos te pensás que me vas a frenar con una puerta si te quiero arrancar el mate? Vos te pensás que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”, le dijo.
El por entonces poderoso funcionario judicial sospechaba que su esposa había pedido una perimetral a la Justicia de Chaco.
Otro gendarme que intervenía en la investigación por narcotráfico en la que Molina pidió la intervención de los dos números fue tajante. Sostuvo que siguió muy de cerca esa causa porque era el único que entendía idioma guaraní y que nunca elevó esos celulares al juzgado y que tampoco sabía a quiénes correspondían.
Un oficial de la fuerza dijo que Molina le comunicó telefónicamente que había ordenado esas intervenciones y que los CD con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” porque iban a ser “analizados” por el juzgado.
Los alegatos de los fiscales
En su alegato, el fiscal Uriona dijo que Molina “procuró la intervención ilegal de su pareja y de un allegado de ésta en una causa en la que ya se había pedido el cese de la investigación, es decir, que podía lograr el archivo de forma rápida luego de obtener las intervenciones ilegales”.
Por su parte, Schaefer sostuvo que Molina “utilizó a las instituciones del Estado para su fin espurio, ilegal y violento” y que “se sirvió de las escuchas para atacar, como quien se sirve de un arma para disparar. Es decir usó todos los medios para lograr el objetivo: saber qué decía su mujer y un particular, para atacar”, agregó.
Molina ya tiene una condena de cinco años de prisión por ser considerado integrante de una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal y tenía como cabeza a Soto Dávila.
La Cámara de Casación Penal dispuso que esa pena sea elevada y ahora la causa está en la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Schaefer también quiere que Soto Dávila sea juzgado por las escuchas ilegales. Es por eso que presentó un recurso de Casación contra la resolución de la jueza federal María Belén López Mace, que dictó su sobreseimiento, decisión que fue avalada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
Por su parte, Molina debe volver a sentarse en el banquillo de los acusados porque en otra causa está procesado por la entrega irregular de un Volkswagen Bora, un Citroën Berlingo, una camioneta Volkswagen Amarok, un coche Mercedes Benz y dos camionetas Toyota Hilux que habían sido secuestrados en Posadas en el marco de una causa por lavado de activos.
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