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El Gobierno arma el plan para los cortes de luz en verano y prepara la privatización del sector eléctrico
La Secretaría de Energía empezó a hablar con las empresas privadas del sector eléctrico para organizar un plan de prevención de los cortes de luz durante el próximo verano. Además, culmina los detalles técnicos para la privatización de contratos en el mercado, con un corrimiento del Estado, que organiza las transacciones a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Así lo contó la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, en un foro que organizó este miércoles Líderes Empresarios (LIDE).
«No hay suficiente potencia instalada como para pasar los picos de la demanda eléctrica en forma tranquila, siempre estamos sufriendo. En el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda, en el marco de la resolución 294/2024. Hoy se retomaron las reuniones en el ámbito de ese Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos», confirmó la funcionaria.
Los dichos de Tettamanti no resultan una novedad, sino el sinceramiento oficial de un cuadro que ya se viene arrastrando en los últimos años, con pocos incentivos a las inversiones, y una situación que empeoró en el último año y medio, a partir de la reorganización del sector. Hace un año, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había planteado que podrían recurrir a cortes programados, algo que finalmente no ocurrió.
En concreto, la demanda de potencia eléctrica podría superar holgadamente los 30.000 megavatios (MW) en las horas más calurosas del verano, con millones de acondicionadores de aire encendidos al mismo tiempo. El 10 de febrero de este año el récord fue de 30.257 MW a las 14.47 y se multiplicaron los cortes de luz por sobrecargas de tensión en el Noreste Argentino (NEA) y en Buenos Aires.
El sistema tiene grandes dificultades para sostener esos valores, entre escasa generación regional -con necesidad de recurrir a importaciones-, líneas de alta tensión sobrecargadas y redes de distribución recalentadas.
Con una economía que tendría mayores niveles de actividad el próximo verano, la demanda saltará y la oferta se mantendría apenas constante.
Para evitar una situación crítica, el Gobierno revisará los incentivos económicos a las generadoras para que mantengan sus unidades viejas -algunas con 60 años en operación- y tengan listas sus centrales si se las necesitan. Además, se evaluará el precio a pagar para que los grandes usuarios industriales ofrezcan apagar su producción en los momentos más cálidos del día.
Todas esas son medidas «paliativas». Las soluciones de fondo están en camino, pero llevarán bastante tiempo en concretarse. Es que en los próximos días Energía determinará los nuevos «lineamientos» para avanzar en la privatización de contratos eléctricos.
El Gobierno quiere que el sector vuelva a funcionar como en la década de los ’90, con petroleras que le vendan gas y otros combustibles a las generadoras eléctricas, y estas a su vez entreguen la energía a distribuidoras y grandes usuarios industriales, a precios de mercado y sin subsidios.
En esa «transición», que puede tener un impacto en el costo de las tarifas, se buscan preservar los contratos que previamente firmó el Estado y que duran hasta 2028 -Plan Gas-, pero también abrir el juego a contratos entre privados que sean sujetos confiables de crédito.
Mientras tanto, la Secretaría de Energía analiza lanzar en los próximos meses un programa para incentivar inversiones en generación termoeléctrica, que pueden tardar más de 4 años por el crecimiento de la demanda mundial de turbinas, especialmente para sostener la inteligencia artificial.
Antes de fin de año, el Gobierno buscará convocar a una licitación privada para ampliar la red de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión, que solo en el AMBA necesitan unos US$ 1.100 millones.
Y en las próximas semanas se adjudicarán contratos para instalar baterías de litio que almacenen energía (la guarden a la madrugada y la liberen a la tarde) en el AMBA, un plan que llevaría de 12 a 18 meses y podría atraer inversiones por más de US$ 500 millones.
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