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Inseguridad: tres proyectos de ley sobre temas calientes corren riesgo de volver a quedar en la nada
Los crímenes de Rita Suárez (47), la mujer que esperaba a su hija en el auto en Villa Luzuriaga, y Esmeralda Bustamante (23), la chica que defendió a su hermana de los motochorros, volvieron a exponer la crisis en seguridad que se vive en el país, especialmente en el Conurbano bonaerense. En este contexto, tres proyectos centrales para el Gobierno relacionados con el combate del delito corren riesgo de derrumbarse el 10 de diciembre.
Se trata de las iniciativas para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aplicar penas más severas para los motochorros y reformar las leyes de legítima defensa y cumplimiento del deber. Si no logran media sanción antes de fin de año, todo volverá a foja cero por un motivo: cambia la composición de las Cámaras.
De esta manera, el oficialismo se ve obligado a acelerar las negociaciones si quiere evitar que estos proyectos se queden en el camino. En este contexto, crece la preocupación, lo que no se vote en las próximas semanas podría quedar sepultado por las elecciones.
«El kirchnerismo y la izquierda nunca colaboraron. Después, hay una oposición que dice que es constructiva, y no es así, porque tenemos tres órdenes del día, tres temas aprobados importantes que todavía no logramos tener consenso para meterlo en el recinto», explicó a Clarín la diputada Laura Rodríguez Machado, que está en la lista de La Libertad Avanza para renovar su banca.
Desde el oficialismo apuntan contra la oposición y la acusan de bloquear el avance legislativo. Sostienen que el panorama se volvió aún más complejo porque son ellos quienes controlan la agenda del recinto y no muestran voluntad para construir consensos.
“Con los temas que proponen, lo único que quieren es generarle daño al gobierno”, admite la abogada y política Rodríguez Machado, que refleja el clima de tensión que atraviesan las negociaciones. “A pesar de que hay consenso, no creo que tengan ningún interés en tratar temas importantes”, reveló.
Régimen Penal Juvenil
Tenía solo siete años y murió tras ser arrastrada varias cuadras en La Plata, en el auto que un grupo de delincuentes le robó a su mamá. Uno de los detenidos tiene 14 años.
En medio de este escenario, arrancó la cuenta regresiva en el Congreso y el oficialismo enfrenta un desafío clave.
La familia de Kim Gómez busca justicia. La nena fue asesinada en La Plata por tres delincuentes. Uno de ellos, tiene 14 años. Foto: Archivo Mauricio / Nievas
El homicidio de Kim Gómez fue uno de los tantos casos que reavivó una discusión que el sistema político arrastra hace décadas y que, cada vez que ocurre una tragedia similar, vuelve a ocupar el centro de la escena: la baja en la edad de imputabilidad de los menores.
En mayo, y tras un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, el proyecto logró dictamen por mayoría. La iniciativa busca reformar el régimen penal juvenil y, tras intensos debates en comisión, sufrió varias modificaciones. El punto más conflictivo fue justamente la edad, que finalmente quedó fijada en 14 años.
«Hace 10 años que estoy planteando este tema, recién este año tomó trascendencia en la agenda política», confesó a Clarín el diputado Gabriel Chumpitaz. El especialista en seguridad privada advierte que no se trata de una solución mágica, sino de una parte dentro de un enfoque más amplio y complejo.
«No tendríamos problemas con los menores si tuviéramos tenido una buena política de educación, cultura y deporte. Pero en lo inmediato considero que hay que avanzar con la baja de la edad de imputabilidad para frenar lo que está pasando. Pero no es que con la baja de la edad vas a parar todo el delito, quien dice eso miente», explicó Chumpitaz, hoy alineado con el gobierno.
En cuanto a la edad concreta para imputar a los menores, Chumpitaz explicó que el proyecto original proponía fijarla en 13 años, en línea con lo que marca el Código Civil como inicio de la adolescencia.
Finalmente, la cifra fue modificada para lograr consenso entre los bloques, ya que algunos legisladores proponían 15 años y otros, 13. “Si vos te fijás, Suiza la tiene en 7, Francia en 13 e Italia en 12”, ejemplificó.
Sin embargo, el avance del proyecto se fue diluyendo con el correr de las semanas. «Fueron apareciendo muchos temas: el aumento a los jubilados, el Garrahan, la cuestión de discapacidad, las emergencias por inundaciones…”, dijo el diputado.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, también se pronunció sobre el dictamen: «Estoy a favor del que firmamos nosotros, que establece un régimen especial para delitos graves. No estoy a favor de bajar la edad para todos los menores».
El diputado de 55 años explicó que «es un proyecto totalmente irresponsable porque van a colapsar los institutos de menores y no va servir para absolutamente nada, van a salir peor».
Y agregó: «Quienes apoyan el dictamen se negaron en todo momento a visitar el Instituto Dr. Luis Agote o cualquier otro, para que advirtieran que este proyecto sin presupuesto no tiene asidero alguno. Va ser una catastrofe en terminos penitenciarios y de seguridad».
En contraposición, el abogado Daniel Roggero, integrante de la Usina de Justicia —Asociación Civil por los derechos de los familiares de víctimas de homicidio y femicidio—, se manifestó con dureza contra el proyecto por ser demasiado condescendiente.
«Deja al juez un abanico de ‘sanciones administrativas’ —amonestaciones y trabajos comunitarios— para delitos graves como robo en poblado y tráfico de drogas, como si estuviéramos discutiendo un reglamento escolar».
Desde la Asociación sostienen que «esa indulgencia no es un descuido técnico; forma parte de la corriente abolicionista que domina el fuero penal juvenil: una Justicia de Menores entendida como sucursal de Unicef».
La iniciativa contra los “motochorros”
Ricardo Daniel Zacarías posaba con pistolas y terminó siendo parte de una pesadilla. Junto a tres cómplices, intentó robar una moto en la que viajaban dos mujeres en Laferrere. Una era policía bonaerense. Hubo un forcejeo, disparos, y su hermana recibió un balazo fatal.
El caso volvió a exponer una realidad cada vez más violenta y repetida: el delito de motochorros se multiplica y las penas, en muchos casos, siguen siendo irrisorias. Ante esta escalada, el Congreso comenzó a mover fichas.
Ricardo Daniel Zacarías subía fotos a sus redes con su moto y pistolas.
Uno de los proyectos que logró dictamen en junio apunta a endurecer las condenas para los delitos cometidos con motos o vehículos, y también para el robo de cables, cañerías y metales usados en servicios públicos.
Desde el oficialismo aseguran que los motochorros ya son una de las principales amenazas en las calles y que el marco legal actual —que permite condenas de apenas un mes de prisión efectiva— ya es insostenible.
Tal es así que las estadísticas oficiales marcan una baja del delito en general durante 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los robos automotores crecieron un 26% y los cometidos por motochorros, un 29%, un dato que refuerza la urgencia del dictamen.
Legítima defensa y cumplimiento del deber
Era lunes a la mañana, una mujer policía de la Ciudad de civil iba a trabajar cuando fue abordada por tres motochorros armados en Moreno. Sacó su arma y disparó. Uno cayó sin vida, los otros escaparon. Ella salió ilesa.
La legítima defensa y el accionar policial quedaron en el centro del debate jurídico y político en los últimos años. En ese marco, La Libertad Avanza impulsa un proyecto —que ya cuenta con dictamen de mayoría desde noviembre— que propone modificar el artículo 34 del Código Penal. El objetivo de la iniciativa es ampliar el alcance de la legítima defensa y el cumplimiento del deber.
Una policía de la Ciudad se defendió y mató a un ladrón en la localidad de Moreno.
Entre los puntos clave, establece que no será punible quien actúe frente a una irrupción en su domicilio, incluso si el agresor ya se está alejando, siempre que exista un riesgo razonable. Y en caso de duda sobre si el acusado actuó en defensa propia o en cumplimiento de su deber, la interpretación deberá favorecer al imputado.
Otro punto fuerte del proyecto es la incorporación de un nuevo delito: la alteración de la escena del crimen por parte de un funcionario público, con la intención de encubrir hechos. Este delito podría ser penado con hasta doce años de prisión e inhabilitación perpetua.
La iniciativa resuena especialmente tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, donde varios funcionarios intervinieron en la escena del crimen sin que quedaran claras sus responsabilidades.
Sin embargo, algunos diputados de la oposición advirtieron que esta reforma podría abrir la puerta al abuso de la fuerza del Estado, sobre todo en situaciones dudosas como los casos de «gatillo fácil».
La inseguridad golpea fuerte, cambia vidas en cuestión de segundos y deja al descubierto los vacíos del sistema. En ese contexto, los proyectos para bajar la edad de imputabilidad, endurecer penas para delitos violentos con motos y ampliar la legítima defensa son respuestas urgentes a una demanda social que crece.
El 10 de diciembre es la fecha límite: si los dictámenes no se aprueban antes, todo el trabajo legislativo se derrumbaría y habría que empezar desde cero cada proyecto. En plena temporada electoral, lograr los consensos necesarios no será fácil —y el reloj no se detiene.
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