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Jueza impide a gobierno de Trump terminar TPS para 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal
Una jueza federal falló el jueves en contra de los planes del gobierno del presidente Donald Trump y extendió el Estatus de Protección Temporal para 60.000 personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El Estatus de Protección Temporal (o TPS por sus siglas en inglés) impide la deportación de los beneficiarios que se encuentren en el país y les permite trabajar. El gobierno de Trump ha buscado activamente eliminar esta protección, haciendo que más personas sean elegibles para su deportación.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puede extender el Estatus de Protección Temporal a inmigrantes que están en Estados Unidos si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras para regresar debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas. Noem había decidido terminar las protecciones para decenas de miles de hondureños y nicaragüenses tras determinar que las condiciones en sus países de origen ya no las justificaban.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su visita a Quito, Ecuador. Foto: AP
Noem dijo que los dos países habían hecho “progresos significativos” en su recuperación tras el paso del huracán Mitch en 1998, una de las tormentas atlánticas más mortíferas de la historia.
La designación para alrededor de 7.000 personas de Nepal estaba programada para expirar el 5 de agosto, mientras que las protecciones que permitían que 51.000 hondureños y casi 3.000 nicaragüenses que han estado en Estados Unidos durante más de 25 años vencían el 8 de septiembre.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó previamente que las condiciones en los países de origen de los inmigrantes ya no justificaban las protecciones. Foto: AP
La jueza de distrito federal Trina L. Thompson, en San Francisco, no fijó una fecha de expiración, sino que decidió mantener las protecciones mientras se dirime el caso. La próxima audiencia es el 18 de noviembre.
En una orden escrita, Thompson dijo que el gobierno terminó las protecciones de estatus migratorio sin una “revisión objetiva de las condiciones del país”, como la violencia política en Honduras y el impacto de huracanes y tormentas recientes en Nicaragua.
Si las protecciones no se extendieran, los inmigrantes podrían sufrir la pérdida de empleo, seguro de gastos médicos, ser separados de sus familias y correr el riesgo de ser deportados a otros países donde no tienen vínculos, escribió, añadiendo que la terminación del TPS para personas de Nepal, Honduras y Nicaragua resultaría en una pérdida de 1.400 millones de dólares para la economía.
El gobierno de Trump ya ha terminado el TPS para unos 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos y más de 160.000 ucranianos. Foto: AP
“La libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que los demandantes buscan. En cambio, se les dice que paguen por su raza, que se vayan por sus nombres y que purifiquen su sangre”, dijo Thompson.
Abogados de la National TPS Alliance argumentaron que las decisiones de Noem fueron predeterminadas por las promesas de campaña de Trump y motivadas por animosidad racial.
Thompson concordó, y señaló que las declaraciones de Noem y Trump perpetuaron la «creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca”.
“El color no es ni un veneno ni un crimen”, escribió.
El grupo activista que presentó la demanda dijo que por lo general los designados tienen un año para salir del país, pero en este caso recibieron mucho menos tiempo.
“Les dieron dos meses para salir del país. Es terrible”, indicó Ahilan Arulanantham, abogado de la parte demandante durante una audiencia el martes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Javier Bú Soto, dijo en la red social X que el fallo era una buena noticia.
“La decisión reconoce que los demandantes buscan ejercer su derecho a vivir con libertad y sin temor mientras dure el litigio”, escribió Bú Soto. Añadió que el gobierno continuaría apoyando a los hondureños en Estados Unidos a través de su red consular.
En la audiencia del 18 de noviembre, la parte hondureña y el gobierno de Estados Unidos presentarán sus argumentos ante el juez, que posteriormente tomará una decisión permanente sobre si revoca la decisión de Trump o la confirma.
“En todo caso, la parte que pierda, sin duda, va a impugnar y el camino puede ser largo”, dijo el vicecanciller hondureño Antonio García a The Associated Press.
El funcionario comentó que en 2018, durante el primer mandato de Trump, Honduras vivió una situación muy similar y el proceso judicial tardó 5 años, en los que el TPS se mantuvo vigente.
En ese sentido, espera que en esta ocasión el proceso también dure mucho, para beneficio de los hondureños que viven en Estados Unidos.
“La noticia de hoy es esperanzadora y positiva… nos da tiempo y oxígeno, esperando que sea largo el camino, y la última palabra la dará el juez y no el presidente Trump”, puntualizó.
Mientras tanto, en Nicaragua, cientos de miles de personas se han exiliado a medida que el gobierno cierra miles de organizaciones no gubernamentales y encarcela a opositores políticos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, han consolidado el control total en Nicaragua desde que Ortega regresó al poder hace dos décadas.
En febrero, un panel de expertos de la ONU advirtió que el gobierno nicaragüense había desmantelado los últimos contrapesos restantes y estaba “ejecutando sistemáticamente una estrategia para cimentar el control total del país a través de graves violaciones de derechos humanos”.
El plan del gobierno estadounidense para acotar la inmigración abarca a personas que están en el país ilegalmente, pero también ha estado eliminando protecciones que han permitido a las personas vivir y trabajar en Estados Unidos de manera temporal.
El gobierno de Trump ya ha dado fin a las protecciones para cerca de 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán y Camerún. Algunos casos aún se procesan en tribunales federales.
El gobierno argumenta que Noem tiene autoridad clara sobre el programa y que sus decisiones reflejan los objetivos del gobierno en las áreas de inmigración y política exterior.
“No está destinado a ser permanente”, subrayó el abogado del Departamento de Justicia, William Weiland.
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