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La Justicia de Perú ordena 5 meses de cárcel para la ex primera ministra asilada en la embajada de México y pide su captura
La justicia de Perú ordenó el viernes cinco meses de prisión preventiva y la captura nacional e internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo de México a inicios de noviembre y se encuentra en la embajada de ese país en Lima.
El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó un pedido de la fiscalía para que se modifique la comparecencia con restricciones de la que gozaba Chávez por una prisión preventiva luego de que la ex primera ministra incumpliera las reglas de conducta a las que estaba sometida en libertad y se asilara en la embajada mexicana.
«Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada», indicó el Poder Judicial en una resolución.
Chávez está acusada de co-autora del delito de rebelión por su participación el 7 de diciembre de 2022 cuando el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) dispuso la disolución del Congreso, lo que finalmente derivó en su destitución.
La embajada de México en Lima. Foto: Reuters
En concreto se la acusa de ser co-atura del fallido golpe de estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo, quien decidió disolver el Congreso cuando éste se disponía a destituirlo.
Perú rompió relaciones con México tras el asilo concedido a Chávez e informó a inicios de esta semana que había resuelto “demorar” la decisión de concederle un salvoconducto para que abandone el país hacia México hasta que consulte con países miembros de la OEA sobre una convención de asilo.
Perú sostiene que en el caso de Chávez la Convención de Caracas se ha usado de forma “indebida” porque la ex primera ministra está acusada de un delito común y no es víctima de una persecución política.
Días después de que México le otorgó el asilo a Chávez el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rechazo a lo que legisladores calificaron como una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano.
México objetó la decisión de los congresistas peruanos y dijo en un comunicado, difundido por la Cancillería, que la medida estaba motivada por “planteamientos falsos”.
Los hechos
A fines del pasado septiembre, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela impuso un impedimento de salida del país a Chávez por un periodo de 10 meses. Esta medida fue solicitada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado, del que Chávez es acusada de ser co-atura.
La solicitud se produjo tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la prisión preventiva de Chávez y ordenar su excarcelación, luego de que permaneciera ocho días en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. La exministra pudo acceder a esta libertad gracias al habeas corpus presentado por su defensa.
La Fiscalía ha solicitado penas de 26 años para Chávez y 34 años para Castillo, así como la inhabilitación de la función pública por tres años y seis meses.
La caída de Castillo
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.
Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.
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