Patricia Bullrich propone que la Policía Federal patrulle redes sociales sin autorización judicial

Jun 07, 2025 Noticias Politica Comentarios desactivados en Patricia Bullrich propone que la Policía Federal patrulle redes sociales sin autorización judicial

La ministra de Seguridad impulsa una reforma que otorga amplias facultades a la Policía Federal, generando preocupación por la falta de controles y posibles violaciones a derechos fundamentales.

El Gobierno presentó un controvertido proyecto de ley impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que busca reformar profundamente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). La iniciativa, cuyo texto trascendió en exclusiva a través del medio Ámbito, propone otorgar a la fuerza facultades muy amplias y polémicas, entre ellas la autorización para patrullar redes sociales y espacios digitales abiertos sin necesidad de autorización judicial previa.

Según el documento oficial, la reforma apunta a transformar a la PFA en una fuerza similar a un “FBI criollo”, especializada en la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, además de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales. Para ello, se modificaría la Ley Orgánica de la Policía Federal (N° 21.965), ampliando las tareas de inteligencia criminal, que incluyen la recopilación, sistematización y análisis de información vinculada a actividades delictivas o riesgos para la seguridad interior.

El artículo más polémico es el inciso 11 del artículo 6, que habilitaría a la PFA a realizar tareas de prevención del delito en “espacios públicos digitales”, como redes sociales, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, sin necesidad de orden judicial. Aunque el texto señala que estas actividades deberán respetar la protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad, integrantes de las cúpulas policiales y expertos en derechos humanos alertaron sobre los riesgos de abusos y violaciones de derechos fundamentales.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de realizar detenciones sin aprobación judicial cuando existan “circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiera cometer un hecho delictivo”, siempre que la persona no acredite fehacientemente su identidad. En esos casos, se permitiría conducirla a una dependencia policial por el tiempo mínimo necesario para verificar su identidad, con aviso posterior al juez en turno. Este punto también generó críticas por la ambigüedad y el riesgo de arbitrariedades.

Otra disposición preocupante es la facultad para “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, sin especificar ni delimitar claramente el alcance de dicha vigilancia. El inciso 12 amplía aún más las atribuciones, autorizando a la PFA a realizar “acciones necesarias para la prevención del delito y mantenimiento del orden público” en su ámbito, pudiendo ampliar esas tareas a pedido del Ministerio de Seguridad.

El proyecto despertó un intenso debate no solo en sectores políticos, sino también dentro de la propia Policía Federal, donde se cuestiona la magnitud y falta de controles sobre estas nuevas facultades. Defensores de los derechos civiles y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el impacto que podría tener en la privacidad, la libertad de expresión y el respeto a la presunción de inocencia.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar la fuerza para enfrentar de manera más eficaz la criminalidad compleja y las amenazas en el mundo digital, pero aún resta ver cómo se definirá el trámite parlamentario y las posibles modificaciones al texto.