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Pulseada entre el Gobierno y la Justicia por el destino de los bienes decomisados a corruptos, narcos o lavadores de dinero
Los Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones expresaron este sábado su preocupación por un DNU del Gobierno que regula la administración de bienes decomisados a los condenados en causas judiciales, como la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguraron que esa decisión podría afectar la ley de autarquía del Poder Judicial. La ex presidenta y los otros ocho condenados deben volver 537 millones de dólares por el robo ocasionado al Estado.
Se trata del DNU 575/2025 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete que aprueba el «Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita», aplicable a causas penales de competencia nacional y federal, así como a procesos de extinción de dominio, expresaron en un comunicado tras una reunión en Córdoba.
Hasta ahora los bienes decomisados a narcotraficantes, lavadores de dinero o corruptos y otros condenados eran administrados por la Justicia la cual disponía, por ejemplo, su entrega con fines sociales. Ahora el Gobierno quiere tomar ese control.
Entre los 40.000 bienes muebles e inmuebles que le pertenecen el Estado, un total de 285 son producto del decomiso en causas de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. En la actualidad, hay 76 remates vigentes a través de los cuales se espera recuperar más de 13 millones de dólares.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, aprueba el «Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita», aplicable a causas penales de competencia nacional y federal, así como a procesos de extinción de dominio. El DNU crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y tendrá funciones de supervisión, evaluación y coordinación para garantizar el correcto seguimiento de los bienes incautados.
En cambio, los jueces federales manifestaron su “preocupación las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025, por el que se aprobó el Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio”.
El nuevo régimen jurídico, “lejos de disipar toda duda en la aplicación de mecanismos para la recuperación, administración y disposición de los activos provenientes de actividades ilícitas, genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado”, se advirtió.
En ese sentido, la Junta sostuvo que el decreto, “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en la materia y el reciente dictado de la Acordada Nro. 22/25, por la que se estableció el “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan secuestrarse a sus dueños y objetos decomisados”, ratificando decisiones similares adoptadas proactiva y consistentemente desde el año 1991.
“Asimismo, podría afectar la Ley de Autarquía Judicial n° 23.853, en lo atinente a los recursos específicos y propios que componen el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y al destino que debe dársele a ellos. A partir de ello, quienes suscribimos la presente propiciamos el diálogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”, se afirmó
Además defendieron la independencia de la Corte Suprema frente a los cuestionamientos, reiteraron el reclamo de la “urgente necesidad de cubrir vacantes” del poder judicial que llegan a más del 30 por ciento de los juzgados y expresaron su preocupación por las intimidaciones sufridas por una jueza de Rosario.
A la vez hicieron una serie de consideraciones sobre los alcances del nuevo sistema acusatorio. Estas advertencias quedaron expuestas en distintos comunicados, luego de que la Junta de Presidentes se reuniera para elegir sus autoridades.
Por unanimidad fue reelegido el juez de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. En la reunión estuvieron presentes los representantes de las cámaras federales que representan distintas jurisdicciones: Abel Sánchez Torres ( Córdoba) , Mariana Catalano (Salta) , Rocío Alcalá (Resistencia), Silvina Andalaf (Rosario), Beatriz Aranguren (Paraná), Mariano Lozano (General Roca) , Pablo Candisano (Bahía Blanca), Jorge Eduardo Di Lorenzo (La Plata) Ramón Luis González (Corrientes), Patricia Moltini (Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires), Roberto Hornos (Cámara en lo Penal Económico), Marcelo Fernández (San Martín), y Juan Ignacio Pérez Curci (Mendoza)
Preocupación por la intimidación a una jueza de Rosario
Tras manifestar su preocupación por la intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario Natalia Martinez, la Junta expresó su solidaridad y compromiso en defensa de la función jurisdiccional libre de presiones, amenazas o condicionamientos. “Exhortamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada y la de todos los integrantes del Poder Judicial.
Confiamos en que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar este tipo de hechos que pretenden erosionar la vigencia de la ley y la paz social”, dijeron.
Caso Levinas
“Más allá del respeto a las distintas opiniones, ideas o actitudes que pudieran sostenerse frente a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo «Ferrari c/ Levinas», ratificado en fecha 17 de julio pasado, en la causa «Haras El Moro S.A.» -con la firma de los ministros Horacio Rosatti; Ricardo Lorenzetti y de los conjueces Dres. Patricia Marcela Moltini y Pablo Candisano Mera- reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia y funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, como pilar fundamental del Estado de Derecho” , dijeron.
“Entendemos que las meras descalificaciones, así como las constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema -ya sea integrada por sus ministros titulares o por quienes fueron seleccionados de manera transitoria para cumplir idéntica misión- menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”, se añadió.
El sistema acusatorio
En otro comunicado, la Junta manifestó su “inquietud por la actuación de fiscales coadyuvantes, auxiliares o interinos que no han cumplido con los requisitos constitucionales para su designación” y llamó a cubrir vacantes antes de poner en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los tribunales de Comodoro Py que, tras una postergación de tres meses, debe entrar en vigencia el 11 de noviembre próximo.
“La exigente demanda de tareas jurisdiccionales que implica la implementación del Código Procesal Penal Federal y la existencia de Juzgados, Cámaras Federales de Apelación y Tribunales Federales de Juicio sin cobertura de las vacantes existentes. Por ello,expresamos nuestra preocupación y reiteramos la urgente necesidad de cubrir las vacantes de jueces existentes en todas las jurisdicciones y especialmente previo a la implementación del Código acusatorio adversarial en los distritos aún pendientes”, dijeron los jueces.
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