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Reforma laboral: los puntos que enfurecen a la CGT y los gobernadores, y tensan el debate en el Congreso
El proyecto está próximo a retomar su tratamiento parlamentario y las negociaciones desde distintos sectores ya están en marcha. Los gremios y los mandatarios provinciales se mantienen alerta por algunos apartados que pueden complicar la discusión.
La reforma laboral está próxima a retomar su tratamiento parlamentario y las negociaciones desde distintos sectores ya están en marcha. Por un lado, el Gobierno mantiene contactos para conseguir los apoyos en el Congreso, pero los gobernadores y la CGT hacen sus reparos sobre algunos puntos que generan malestar.
Desde que se publicó el proyecto, la central gremial ya advertía sobre varios aspectos que rechazaban, especialmente aquellos vinculados a la actividad sindical.
Incluso en la marcha realizada el pasado 18 de diciembre, los líderes gremiales enumeraron esos reclamos: “Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Se limita la acción gremial, se amplía el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical, se modifican las condiciones para la negociación colectiva, en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de representación”.
Esos dichos hacen referencia, en primer lugar, a los artículos que limitan las actividades sindicales. Por ejemplo, la reforma cataloga servicios como “esenciales” y los obliga a cubrir el 75% de sus actividades durante las jornadas de protesta; mientras que también configura “actividades de importancia trascendental”, que deben contar con el 50% de participación obligatoria. Esta medida reduce o le resta peso a las instancias de huelga o manifestación.
Además, el proyecto indica que las asociaciones sindicales solo podrán convocar asambleas de personal y congresos de delegados con autorización previa y el trabajador no cobrará durante ese momento. A su vez, la iniciativa libertaria determina que los empleadores podrán retener las cuotas de afiliación y obliga a prestar conformidad expresa del trabajador para la asignación de esos fondos.
La CGT también cuestionó la eliminación de la llamada ultraactividad, que determina que los convenios colectivos de trabajo que venzan volverán a discutirse; así como la exclusión de conceptos como el aguinaldo y las vacaciones en el cálculo de las indemnizaciones por despido y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), por el que los empleadores destinarán el 3% de los aportes patronales a una cuenta de inversión en lugar de derivarla a la seguridad social.
La postura de los gobernadores
Si bien La Libertad Avanza sumó una buena cantidad de legisladores que incluso le permitieron conformar la primera minoría en Diputados, deberá tender puentes con los distintos bloques. En ese contexto es asoman los gobernadores.
En algunos aspectos, el proyecto de modernización laboral tiene que ver con lo que se necesita”, indicaron a TN desde una gobernación que alternó buenas y malas con Milei. Y agregaron: “Hay coincidencias en algunos puntos a modificar”.
En la misma línea, señalaron: “Existen distorsiones que corregir y hay que encontrar un equilibrio y para evitar que perjudique a los trabajadores o al capital privado”.
En tanto, en el entorno del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestaron a este medio que “el país necesita una modernización laboral que les permita a las pymes sostener los empleos y que muchas personas que están en negro puedan pasar a estar en blanco”.
Por su parte, fuentes cercanas al mandatario cordobés Martín Llaryora hicieron hincapié en “manejar los tiempos de la discusión”. “Nosotros vamos tema por tema y en cada tema sentaremos posiciones”, explicaron a TN. Y desafiaron: “No tenemos apuro ni nos mueve el interés en un ATN”.
A su turno, desde la gobernación de Catamarca afirmaron a este medio que el mandatario Raúl Jalil considera que “algo hay que cambiar”, pero que lo están estudiando los legisladores. Jalil y su par de San Juan, Marcelo Orrego, defendieron semanas atrás otras de las iniciativas que impulsa el Gobierno: la Ley de Glaciares.
No obstante, los legisladores catamarqueños en el Congreso le presentaron un documento al Gobernador con fuertes críticas al proyecto que impulsa la administración de Javier Milei. “Aunque el proyecto se presenta como una reforma laboral, incluye modificaciones que generan un fuerte impacto fiscal y productivo negativo para las provincias», aseguraron.
En este sentido, indicaron: “Esto implica una reducción sustancial de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, con efectos directos sobre la recaudación de las provincias”.
“En conclusión, el proyecto de reforma laboral presenta serios inconvenientes para Catamarca. Lejos de promover un desarrollo equilibrado, profundiza asimetrías regionales, debilita derechos laborales y compromete la sostenibilidad fiscal y social de la provincia», sentenciaron.
El impacto de los cambios en Ganancias que impulsa la reforma laboral
El proyecto de modernización laboral tiene varios componentes tributarios. El relacionado con el impuesto a las Ganancias se concentra en la rebaja de alícuotas a las empresas y en otros cambios como la exención del tributo por el alquiler de propiedades con destino a la vivienda
En conjunto, de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se estima que el costo fiscal directo inicial anual es del orden del 0,22% del PBI, lo que en moneda actual serían $1,9 billones. De este total, al gobierno nacional le corresponden $790.000 millones (0.09% del PBI) y al conjunto de provincias y CABA $1,12 billones (0,13% del PBI).
De la evaluación se desprende que la provincia más afectada sería Buenos Aires con más de $238.000 millones; Santa Fe, apenas por encima de $97.000 millones; Córdoba con $96.400 millones y Chaco con poco más de 54.000 millones.
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