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La Justicia ordenó nuevas medidas sobre la mansión en Pilar y para determinar de quién son los vehículos de lujo que secuestraron
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky dispuso este martes una serie de medidas de prueba sobre la mansión en la localidad de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, a través de testaferros.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que el magistrado, que recibió el lunes el expediente luego que lo tuvo el juez federal Daniel Rafecas, solicitó una serie de informes a distintos organismos sobre la propiedad y sobre los 54 vehículos de lujo y de colección que la Policía Federal secuestró la semana pasada en el lugar.
Además, Aguinsky le informó a Luciano Pantano y a su madre jubilada Ana Lucía Conte, formalmente los dueños de la mansión a través de la empresa «Real Central SRL», que «pueden concurrir ante estos estrados para formular las explicaciones y deducir los descargos que crean convenientes».
La mansión en Pilar que se le atribuye a Toviggino. (Captura TN)
En la causa se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de la vivienda bajo la sospecha de que los verdaderos dueños podrían ser Toviggino o el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia -según denunció la Coalición Cívica- a través de Pantano -dirigente de fútbol- y su madre que no tienen capacidad económica para hacerlo. Clarín reveló hoy el entramado de empresas detrás de la propiedad.
La causa estuvo a cargo del juez Rafecas que la semana pasada allanó la propiedad y secuestró 54 vehículos de lujo, hizo procedimientos en otra vivienda de un country de Pilar y levantó el secreto bursátil, fiscal y bancario de los involucrados. Pero el magistrado entendió que la causa debía tramitar en el fuero Penal Económico y así lo confirmó la Cámara Federal.
El expediente llegó este lunes al fuero Penal Económico y el juez Aguinsky dispuso sus primeras medidas de prueba. El magistrado le solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación que informe las pólizas de los vehículos secuestrados y cómo se contrataron, lo mismo si Real Central tenía a su nombre embarcaciones y aviones.
Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia. Foto: Marcelo Carroll
Sobre los vehículos, el juez también dispuso: que los registros de la Propiedad Automotor informes qué personas tienen cédulas azules para conducirlos; a Superintendencia de Seguros de la Nación si tenían dispositivos de rastreo; y a la empresa Telepase si tenían ese sistema y quiénes lo pagaban y por qué medio.
Respecto de la casa, de 105.384,80 metros cuadrados con haras, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples, el magistrado le pidió a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que informe quiénes contrataron los servicios de internet y cable y a la Policía Federal Argentina que averigüe qué empresa brinda el servicio de cerco eléctrico que está instalado y monitorea el predio.
Parte de los autos de lujo y colección que se secuestraron
El juez Aguinsky le pidió a la Secretaría de Transporte de la Nación que informe si Pantano y Conde tienen tarjeta caso y en caso que la tengan cuáles fueron los trayectos que hicieron en los últimos 30 días.
En la causa se levantó el secreto de sumario, por lo que los presuntos testaferros pueden presentarse a hacer un descargo sobre los hechos que se le imputan. El magistrado les indicó que pueden hacerlo dentro de los próximos cinco días hábiles.
Por último, el juez ratificó el embargo preventivo sobre la mansión y el secuestro de todos los vehículos secuestrados en la propiedad.
Los presuntos testaferros: Ana Lucía Conte, en el centro con la camiseta 10, y Luciano Pantano a su derecha, levantando el brazo.
«Como recuerda el Sr. Fiscal en su dictamen, en materia de delitos económicos la primera actuación del Juez debe estar dirigida a impedir la prosecución de los efectos del delito que se trate, más allá de la distribución de la competencia asignada a cada investigación», señaló Aguinsky en su resolución. El fiscal de la causa es Claudio Navas Rial.
La referencia del magistrado es a que más adelante podría volver a discutirse dónde debe tramitar el expediente.
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