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Un tribunal frena a Trump: seguirá bloqueada su orden para restringir el voto por correo en 23 estados
La administración del presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial en su intento por modificar las reglas del voto por correo en Estados Unidos. Este sábado, un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud del gobierno para anular una medida cautelar que mantiene suspendidas las principales disposiciones de una orden ejecutiva destinada a endurecer los controles sobre este sistema de votación en 23 estados.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, tomó la decisión por dos votos contra uno, manteniendo vigente el fallo emitido el 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. Ese fallo bloqueaba la aplicación de varios aspectos de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, al considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y podía vulnerar competencias reservadas a los estados por la Constitución.
El Departamento de Justicia solicitó suspender la medida cautelar mientras continúa el proceso de apelación, argumentando que la demanda presentada por un grupo de estados era prematura, ya que las agencias federales aún no habían concluido la elaboración de las normas necesarias para implementar la orden presidencial. Sin embargo, la mayoría del tribunal rechazó este argumento.
En su decisión, los jueces destacaron que la orden ejecutiva establecía plazos concretos y muy próximos para que los estados coordinaran acciones con las autoridades federales y adaptaran sus procedimientos electorales antes de las elecciones de septiembre y noviembre. Según el fallo, los estados demandantes no podían esperar a la aplicación de las nuevas reglas, pues debían prepararse con anticipación para organizar los comicios y comunicar los cambios tanto a las autoridades electorales como a los votantes.
La orden ejecutiva firmada por Trump en marzo formaba parte de una serie de iniciativas impulsadas por su administración para reformar el sistema electoral estadounidense. Desde hace años, el presidente sostiene que el voto por correo requiere controles más estrictos y continúa afirmando, sin pruebas, que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron afectadas por un fraude generalizado.
Entre otras medidas, la orden instruía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a elaborar listas de ciudadanos estadounidenses habilitados para votar, utilizando registros federales de ciudadanía y naturalización. También ordenaba al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar boletas electorales únicamente a los votantes incluidos en las listas oficiales de voto por correo aprobadas por cada estado. Además, disponía que el Departamento de Justicia priorizara las investigaciones y posibles acciones penales contra funcionarios electorales estatales y locales que entregaran boletas federales a personas consideradas no elegibles para votar.
La demanda fue presentada por una coalición integrada por 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington. Los fiscales generales sostienen que la Constitución asigna a los estados la administración de las elecciones federales y que el presidente no puede modificar ese esquema mediante una orden ejecutiva.
Al conceder la medida cautelar en junio, la jueza Talwani concluyó que Trump carecía de autoridad para ordenar al Departamento de Seguridad Nacional elaborar registros de elegibilidad electoral destinados a ser utilizados por los estados. También determinó que el Servicio Postal no cuenta con autorización legal para establecer regulaciones vinculantes sobre el funcionamiento del voto por correo. Asimismo, consideró que algunas disposiciones de la orden podían interpretarse como un intento de presionar a los funcionarios electorales locales mediante la amenaza de investigaciones penales.
El fallo del tribunal de apelaciones no resuelve el litigio de manera definitiva, pero mantiene bloqueadas las principales disposiciones de la orden mientras continúa el proceso judicial. El Departamento de Justicia ya anticipó que, si no obtiene un fallo favorable en la apelación, podría solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esta disputa forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para modificar el sistema electoral. Paralelamente, el gobierno impulsa en el Congreso el denominado Save America Act, un paquete legislativo que propone nuevas restricciones al proceso de votación y que también genera una fuerte controversia política.
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