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Tiene fecha el inicio del juicio político al juez federal acusado de pedir una coima y mentir en su CV
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación iniciará el próximo 6 de octubre el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, acusado de exigir un soborno para dictar un fallo y de falsear información en su currículum vitae.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín que el tribunal espera concluir el proceso antes de fin de mes, con posibilidad de destituir al magistrado. Para ello, se han programado dos audiencias iniciales, el 6 y 7 de octubre, en las que se escucharán a los nueve testigos convocados, tras lo cual se establecerán las fechas para los alegatos y el veredicto.
Esta decisión es clave no solo para la posible destitución de Salmain, sino también para su situación procesal. Actualmente, el juez enfrenta una causa penal en la que fue procesado con prisión preventiva, aunque no ha sido detenido debido a sus fueros. En caso de perder su cargo, podría quedar detenido.
En junio pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del magistrado, quien asumió en 2023. Salmain será juzgado por omitir en su concurso para juez que en 2002, cuando ejercía como secretario federal, fue removido del Poder Judicial por un caso de corrupción. Además, está acusado de haber solicitado en 2023 un soborno para dictar un fallo favorable a una empresa, que buscaba ordenar al Banco Central la venta de 10 millones de dólares a precio oficial, pese al vigente cepo cambiario.
En la causa penal vinculada, un arrepentido declaró que Salmain pidió una coima equivalente al 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. “Él tiene en la cabeza 180 mil dólares o 200 mil dólares, es la diferencia que tendría que haber existido con la diferencia entre el dólar oficial”, afirmó esta persona, que participó en la maniobra. Sin embargo, el juez no recibió el soborno: al momento de ejecutar el fallo, la devaluación redujo la diferencia a solo 19 mil dólares.
El juicio estará presidido por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, junto con la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria); y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).
Para destituir a un juez se requieren al menos cinco votos. De no alcanzarse, la acusación se desestimará y el magistrado será reinstalado. Cabe recordar que el mismo tribunal removió el mes pasado al juez federal de Mar del Plata Alfredo López por publicar mensajes antisemitas en sus redes sociales, mientras que hace dos semanas rechazó la acusación por violencia contra el juez federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava.
La acusación contra Salmain estará a cargo de la abogada Jimena de la Torre, el juez Diego Barroetaveña y el senador nacional Luis Juez, los tres integrantes del Consejo de la Magistratura. La defensa del magistrado estará a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira.
Por otro lado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, apeló el fallo del Jurado que rechazó destituir a Díaz Lacava. En el recurso, el gremio solicitó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la decisión y ordene la realización de un nuevo proceso.
Díaz Lacava fue juzgado por presuntos actos de violencia contra empleados y funcionarios del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. El Jurado concluyó que los hechos se trataban de «desajustes humanos» que deberían haberse resuelto por otras vías y no mediante un juicio político, ya que este mecanismo «no fue concebido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción». La Fiscalía había solicitado la destitución del magistrado.
En su apelación, la UEJN sostuvo que la decisión carece de explicación constitucional, convencional o legal para considerar que hechos comprobados de intimidación, hostigamiento, abuso de autoridad y afectación psicofísica pierdan su relevancia jurídica y se reduzcan a un simple problema de gestión directiva.
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