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El escándalo que hizo remover al personal civil de la quinta de Olivos también alteró al entorno de los Milei
La sorpresiva reorganización del personal de la quinta de Olivos, que incluyó el despido o la reubicación de empleados civiles y el despliegue total de personal militar para asumir diversas tareas, generó también un saldo de «ganadores y perdedores» en el entorno de Javier y Karina Milei. Por ejemplo, Jonathan Salerno (Jony) y Pablo del Valle (Pablo), sus históricos choferes y custodios, fueron excluidos del acceso al predio debido a una «guerra interna» con Belén Agudiéz, mano derecha de la jefa de LLA en la Secretaría General de la Presidencia, quien previamente había perdido a personal de confianza en el complejo.
La novedad fue que este lunes Agudiéz presentó su renuncia, publicación que se confirmó temprano en el Boletín Oficial.
El desplazamiento del personal civil —compuesto por 10 contratados y 4 empleados de planta permanente— respondió a un repentino malestar del presidente. Las versiones sobre las causas no son precisas, pero apuntan a acusaciones por la filtración de información “privada” —la cual el Gobierno protegió limitando por decreto la ley de Acceso a la Información Pública— o a controversias vinculadas con gestiones como la compra de 27 mil kilos de productos cárnicos para abastecer la quinta de Olivos y la Casa Rosada.
Los principales afectados por la reestructuración fueron Jony y Pablo, quienes desde principios de 2022 acompañan al mandatario y a su hermana como custodios y choferes, participando incluso en actos de campaña durante 2023. Actualmente, ya no pueden ingresar con sus vehículos por el portón verde de calle Villate y deben esperar en una estación de servicio cercana para que los hermanos Milei los vuelvan a convocar.
En el entorno de los Milei señalan que la pérdida de influencia de ambos se debe a las acusaciones que les realizó Agudiéz, subsecretaria de Planificación de la Secretaría General de Presidencia y eventual mano derecha de Karina. Molesta por el despido de su cuñado Osvaldo Javier Sosa como intendente de la quinta presidencial, Agudiéz habría decidido replicar su maniobra provocando un conflicto que derivó en el traslado de los hermanos Milei en vehículos militares por el predio hasta el chalet presidencial y otras dependencias. Varios agentes de la Casa Militar también habrían cuestionado la influencia de Agudiéz.
La incorporación plena del personal militar incluye al equipo veterinario del Ejército destacado en la residencia, que, según fuentes, debió reforzar la guardia a cargo del cuidado de las mascotas presidenciales. Para cubrir los puestos vacantes, desde la fuerza comandada por el general Sebastián Ibañez estarían convocando a agentes para realizar horas extras.
Otro afectado por la reestructuración habría sido Mario Suli, alias «Baron B», secretario privado de Milei y persona de extrema confianza, además encargado del cuidado y paseo de los perros mastines del dirigente.
La controversia generó además un capítulo judicial: la diputada Marcela Pagano denunció en tribunales a Karina Milei, Agudiéz, Sosa y otros, para que se investigue si el emprendimiento gastronómico “Pancitos Caseros”, propiedad del ex intendente de la quinta presidencial y su esposa, se benefició con alimentos adquiridos mediante licitaciones oficiales destinadas a la Quinta de Olivos. Según la presentación, existiría la hipótesis de que una parte importante de los productos adquiridos con fondos públicos habrían sido desviados y comercializados por dicha empresa en eventos y servicios a terceros, generando ganancias ilícitas a costa del patrimonio estatal.
Tras los despidos, el sindicato ATE alertó sobre la creciente militarización del Gobierno. Rodolfo Aguiar afirmó: “Estamos ante un proceso creciente de militarización y un debilitamiento extremo de la democracia. Todas las vacantes en el Estado comienzan a ser cubiertas por militares”.
Los cesanteados desempeñaban tareas de jardinería, administración, limpieza, servicio de mozos y cocina. Aunque el Gobierno justificó la medida por supuestas filtraciones que comprometerían la seguridad del presidente, el gremio destacó que el personal civil no participaba en reuniones privadas que Milei realizaba en la residencia y que muchos de ellos tenían hasta 30 años de antigüedad, habiendo trabajado en distintas gestiones.
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