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Santa Fe ya tiene ley contra los «trapitos»: trabajo comunitario y hasta 80 días de arresto
La provincia de Santa Fe oficializó la ley que castiga a los cuidacoches no autorizados, conocidos como «trapitos». La norma N° 14.486 fue promulgada por el decreto 2.121, que firmaron el viernes 2 de octubre el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
El proyecto había obtenido sanción definitiva dos semanas atrás, cuando el Senado provincial insistió con su versión original y dejó de lado los cambios que había introducido la Cámara de Diputados.
Qué castiga la ley
La norma suma una nueva contravención al Código de Convivencia: ofrecer sin autorización, en lugares donde la actividad está prohibida, espacios para estacionar en la vía pública o servicios de cuidado o lavado de autos a cambio de dinero u otro beneficio, aunque el pago sea «voluntario».
- Primera vez: de 2 a 10 días de trabajo comunitario y prohibición de volver al lugar.
- Si regresa: de 10 a 20 días de arresto.
- Agravantes: las penas se duplican si hay violencia o amenazas, si ocurre en zonas de estacionamiento medido, si se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima, si sucede entre las 18 y las 6, o cerca de escuelas, bancos, comercios y edificios públicos. También si se da en un radio de 20 cuadras de un evento masivo, desde dos horas antes hasta una hora después.
- Grupos organizados: si dos o más personas se ponen de acuerdo para hacerlo, el arresto va de 10 a 20 días, y la escala puede multiplicarse por cuatro para los organizadores. El máximo llega a 80 días.
Los municipios tienen la última palabra
La ley no rige automáticamente en toda la provincia: cada municipio debe adherir mediante una ordenanza de su Concejo y será el encargado de aplicar las sanciones. En Rosario, donde según un relevamiento del senador Ciro Seisas hay unos 1.395 cuidacoches, ya se reunió una mesa de trabajo para definir la adhesión, y el proyecto podría llegar al Concejo en los próximos días.
Las críticas
La medida generó polémica. En abril, la Iglesia ya había cuestionado la prohibición y pidió tener en cuenta la crisis económica. Desde la Pastoral Social de Rosario, Fabián Monte advirtió que, por culpa de una minoría que recurre a la violencia, se termina restringiendo el ingreso de personas que están en la calle por necesidad.
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