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Cayó una banda que traficaba armas con ex empleados del RENAR: 140 allanamientos, 35 detenidos y un arsenal con escopetas y ametralladoras
Tras una investigación de dos años, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda dedicada al tráfico nacional e internacional de armas. Fueron detenidas 35 personas, entre ellas ex empleados del Registro Nacional de Armas (RENAR). La organización operaba también en Uruguay y Chile, además de lavar dinero a través de operaciones inmobiliarias.
La denominada «Operación Armas Sin Fronteras» se llevó a cabo tras una denuncia del RENAR y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. Como parte de la investigación, se realizaron 140 allanamientos en 13 jurisdicciones: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.
El caso comenzó con una denuncia del RENAR sobre una organización que compraba armas de fuego legalmente para luego venderlas en el mercado negro. La banda estaba integrada por exempleados del RENAR, quienes utilizaban sus cargos y recursos para facilitar los trámites de compra y transferencia de armamento.
Durante los procedimientos, fueron detenidas 35 personas, entre cuatro mujeres y 31 hombres. Los allanamientos contaron con la participación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay y el secretario penal Agustín Andrés Ocampo, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), liderada por el fiscal Santiago Marquevich.
Como resultado, se secuestraron 25 escopetas calibre 12,70 mm; 55 pistolas de calibres 9 mm, 45 mm y 22 mm; 17 revólveres calibres 38 mm, 357 mm y 32 mm; 7 fusiles calibre 308 mm; 8 ametralladoras calibre 9 mm; 5 carabinas calibre 22 mm; 3 pistolones; 32 cargadores de distinto calibre; una máquina de recarga; 43.100 municiones de diversos calibres; dos cañones de pistola; una granada MK2; y dos recipientes con pólvora. Además, se incautaron 10 teléfonos celulares y dosis de cocaína rosa (Tusi) y marihuana.
El funcionamiento de la banda comenzó a ser sospechado tras la compra masiva de pistolas semiautomáticas de diferentes marcas y calibres por parte de personas sin capacidad económica suficiente para hacerlo. Posteriormente, se detectó una serie de armerías que recibían esas armas.
Tras adquirir las armas en el mercado legal, la organización adulteraba sus registros y números de serie antes de introducirlas al mercado ilegal. Luego, las transportaban a países vecinos como Chile y Uruguay, recaudando grandes sumas de dinero en efectivo, que luego invertían en el sector inmobiliario.
La investigación también reveló una red de testaferros, integrada por personas de bajos recursos reclutadas y extorsionadas para facilitar la venta ilegal de las armas.
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