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Coimas en Discapacidad: rompió el silencio el primer imputado y dijo que obedecía órdenes de otro acusado
Roger Edgar Grant se convirtió en el primer imputado de la causa por las irregularidades en la Angencia de Dispacidad (ANDIS) que respondió preguntas de la Justicia para defender su inocencia. La investigación lo ubicó como ejecutor de las maniobras de corrupción desde su cargo en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, a lo que el indagado contestó que “solo cumplía órdenes” de su jefe, Daniel María Garbellini.
Grant compareció en la tarde del lunes ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py.
Como coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia, administraba las compras de medicamentos mediante el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS). Desde allí habría facilitado el direccionamiento de los fondos estatales hacia las droguerías beneficiadas.
Con Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud, Grant mantenía una relación desde los días en los que trabajaron juntos en la obra social OSPSIP, del personal de vigilancia y seguridad privada.
Así como Roger Grant obedecía órdenes de Daniel Garbellini, este último también habría respondido a los intereses de quien había sido su superior anteriormente -durante la gestión de Cambiemos-Pablo Atchabahian, detenido y señalado como uno de los dos “jefes paraestatales” de la ANDIS, junto a Miguel Ángel Calvete.
El fiscal Picardi encontró conversaciones en los teléfonos secuestrados que demuestran que Grant sabía exactamente qué empresas cotizarían en cada compulsa de precios. Además, manejó los tiempos de los procesos de compra y aplicó instrucciones específicas sobre qué droguerías debían ser dadas de alta o baja en el sistema.
“Lo consultaba todo con Garbellini”, se defendió el imputado ante el juez y el fiscal.
Mientras que en las licitaciones abiertas el organismo invitaba a competir a unas 15 droguerías, a las compulsas “reducidas” solo accedía un grupo de cuatro oferentes que “mantenían vínculos personales, societarios y operativos entre sí y con funcionarios de la ANDIS”, dictaminó la acusación.
Esta “fragmentación artificial” de las compras que hacía el Estado se aplicó a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que son esenciales para tratamientos prolongados o de alta complejidad para la población vulnerable beneficiaria del Programa Incluir Salud.
En las 21 compulsas de medicamentos que se realizaron bajo este esquema restringido, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, que implicaron un gasto de $30.337.220.919,77.
Grant era el encargado de ejecutar todos estos movimientos, supuestamente bajo las órdenes de Garbellini y Atchabahian, mediante incumplimiento de las normativas vigentes y, a su vez, estableciendo sobreprecios que habrían profundizado el perjuicio al Estado.
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