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El Gobierno se endurece y le cierra la puerta a una reunión con Kicillof, que sostiene que su pedido no es para tomar deuda nueva
El recorrido de Axel Kicillof hacia la obtención de financiamiento para la Provincia se parece a una carrera de obstáculos y cada vez le resulta más difícil llegar a la meta. O, como en el Juego de la Oca, cuando avanza unos casilleros de pronto tiene que volver a remontar desde el principio.
El gobernador tuvo que ceder ante los socios internos de Fuerza Patria y frente a la oposición en la Legislatura para obtener la ley que lo habilita a buscar hasta U$S 3.685 millones en el mercado de capitales en el próximo año y medio. Cuando logró conseguir ese aval -después de costosas concesiones- surgió un nuevo inconveniente: la promocionada negativa del Gobierno Nacional a firmar la documentación que permitiría a Buenos Aires emitir bonos en moneda extranjera.
Primero lo adelantó el referente provincial de LLA, Sebastián Pareja, horas después que el Senado bonaerense convirtió en ley los proyectos presentados por Gobernación. Después se pronunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y ahora se subió la porfía el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió que sin una garantía de equilibrio fiscal no se autorizará la emisión de títulos. Y, de paso, cerró la puerta a una posible reunión con el bonaerense.
¿Por qué Nación tiene la firma que destrabaría la búsqueda de financiamiento de Kicillof? La Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites al endeudamiento subnacional (o sea, de las provincias o municipios). La autorización de Caputo sería el resguardo para el cumplimiento de estos topes y así se evitarían los sobreendeudamientos.
«Hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50 mil millones de dólares, lo que convirtió a este Gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas. Por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que -sin déficit- (se entiende que sería “sin déficit cero”), no hay nueva deuda», confirmó el ex vocero de Javier Milei en una conferencia de prensa en la que repasó los dos años de gestión libertaria.
En La Plata el argumento es otro. Kicillof explicó en una entrevista en C5N que la solicitud aprobada por el parlamento bonaerense está “estrictamente asociada a los vencimientos que tiene la provincia de Buenos Aires. El propósito no es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”.
El gobernador abundó con detalles. “Es para refinanciar deuda tomada durante la gestión anterior, específicamente por María Eugenia Vidal, que representó un salto enorme» en el stock provincial.
“La relación entre la deuda y el producto de la provincia era del 9% al asumir la actual administración, y ahora es del 6%. Además, el peso de los vencimientos de intereses sobre el presupuesto se redujo aproximadamente del 10% al 3%”, explicó Kicillof.
Sin embargo, los tecnicismos no conforman en esta pulseada entre Provincia y Nación. Kicillof y Milei confrontan en todos los terrenos. En cualquier escenario. El financiamiento se encuadra en esa lógica.
Por eso, Adorni también clausuró -por ahora- la posibilidad de un acercamiento de las partes. «Nosotros trabajamos para lo que la gente nos pide. Cuando uno marca que el equilibrio fiscal es fundamental, cuando el endeudamiento no es ni más ni menos que un sacrificio para generaciones futuras, cuando pedimos que se adhieran a leyes como la ley antimafia u otras, y no hay colaboración, entendés que hay gobernadores que no van con lo que la gente nos pide», lanzó.
Aludía a Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que están en ese listado de vedados por la Casa Rosada. Los mandatarios habían reclamado la apertura de un canal de diálogo. “No tiene mucho sentido» que el Gobierno sume a la provincia de Buenos Aires a la ronda de reuniones para intentar avanzar en acuerdos. «Lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal y a los bonaerenses les vaya mal. No hay mucho para dialogar porque no hay muestras de buena voluntad», amplió el ministro coordinador.
En la Gobernación bonaerense muestran los datos que sostienen su necesidad de financiamiento. Según explicaron a Clarín en La Plata, los servicios de deuda estimados para 2026 son USD 2.600 millones. “El monto del financiamiento solicitado en la Ley equivale a lo necesario para refinanciar esos servicios de la deuda del próximo año, y para completar los vencimientos de la última parte del año en curso, durante el cual la Provincia ha estado haciendo pagos netos al mercado”, fundamentan.
Además, sostienen que la Provincia tiene superávit económico: los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes. El financiamiento no es para ese ítem. Y refutan otro argumento: “No hay ningún compromiso asumido en relación al déficit como condición para acceder a nuevo financiamiento, ni siquiera según lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Es una interpretación diferente a la de Caputo. “Para las aprobaciones de operaciones de deuda, el Gobierno nacional sólo debe chequear que la Provincia cumpla con el límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal para el acceso a nuevo financiamiento -esto es, que los servicios de deuda sean menores al 15% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios-, que hoy la Provincia sobrecumple, con un ratio que asciende a algo más del 7%”.
Por eso, se animan a considerar que las declaraciones del ministro de Economía “son puro humo para la tribuna”.
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