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La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de cuatro agrupaciones políticas por apropiación de aportes públicos
La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento dictado por el juez federal electoral de Buenos Aires, contra cuatro imputados, por los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Las personas procesadas son responsables de las agrupaciones políticas, partido “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, “Encuentro Republicano Federal” y “Esperanza del Pueblo”. Los hechos delictivos por los cuales están siendo investigados se cometieron durante la campaña electoral correspondiente a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, realizadas en la provincia de Buenos Aires en el 2023, para la elección de candidatos a cargos públicos nacionales.
Dichos partidos políticos percibieron aportes públicos para solventar la campaña electoral y para la impresión de las boletas de sufragio, sin embargo, no pudieron acreditar ante la justicia federal electoral de Buenos Aires, que el dinero percibido del Estado Nacional haya sido destinado al fin previsto en la legislación electoral nacional.
La maniobra delictiva implicó un singular modus operandi mediante el desfalco de dinero aportado por el Estado para el financiamiento de las campañas de las agrupaciones políticas, que participaron del acto electoral. En este sentido, cabe señalar que, de las constancias de la causa se desprende que la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, entregó al partido “Proyecto Joven” la suma de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas, en tanto, a la agrupación “Justicia y Dignidad Patriótica” le asignó $124.224.124,30 también como aporte de campaña e impresión de boletas. Sin embargo, los responsables de las agrupaciones señaladas mediante el delito de fraude y de falsedad ideológica de documentos públicos, desviaron las sumas mencionadas para otros fines distintos de los que motivaron su asignación.
Por otra parte, surge de la causa que los partidos sujetos a investigación habían presentado dentro de su nómina de precandidatos/as personas que se hallaban fallecidas. Asimismo, el Tribunal destacó que las irregularidades versaban en la existencia de datos falsos en los documentos que eran presentados con el objeto de que se apruebe la participación en los comicios y se habilite el uso de los fondos públicos, toda vez que existían pruebas que varias personas no habían consentido ni suscripto las precandidaturas que fueron presentadas.
La cámara señaló que, “los partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado, son organizaciones necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de gobierno”. Asimismo resaltó que, “revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia, que condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e, incluso, la acción de los poderes gubernamentales”, y en consecuencia “se requiere que su constitución, autoridades y cuerpos orgánicos sean transparente expresión de representatividad, a la vez que una clara manifestación programática de las corrientes de opinión que fluyan en el seno de tales agrupaciones”.
La singular maniobra detectada en la causa expuso que como contrapartida al incremento exponencial de listas, no podía descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos, lo que hacía indispensable que se profundicen los controles sobre el destino de los recursos públicos otorgados para la impresión de boletas.
Esta Cámara frente a situaciones análogas dictó la Acordada CNE Nº 67/2023, que añadió una serie de medidas orientadas a verificar la actividad material y comercial efectiva de las imprentas que aparecían contratadas por las agrupaciones políticas.
Este Tribunal además, ha bregado por detectar maniobras dolosas y fraudulentas propiciadas por algunas agrupaciones políticas en el marco de las elecciones PASO, que intentaban oficializar un gran número de listas internas que no guardaban relación con su representatividad.
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