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La insólita defensa de Cristina en la ONU: dice que la condenaron por ser mujer, pero ocho hombres fueron presos por el mismo caso
Cristina Kirchner no se resigna a perder influencia dentro del Partido Justicialista (PJ), que aún preside. Impulsa la disputa explícita de poder entre su hijo, Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, la única agrupación leal a los Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, un rival que podría representar al peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. Esta lucha interna ocurre aun cuando Cristina cumple una condena de seis años de prisión por corrupción y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras haber sido hallada culpable de malversar fondos millonarios destinados a obras públicas en beneficio de Lázaro Báez, empresario cercano a su familia.
En un movimiento inesperado, la expresidenta contrató abogados internacionales para que su caso y sus quejas sean revisados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una estrategia sin precedentes en la historia de los detenidos por corrupción en Argentina. Este plan, que ya generó polémica a nivel nacional, posee un eje central novedoso y controversial: sus nuevos defensores argumentan que Cristina fue condenada por un sistema judicial machista.
Tras años de denunciar al Poder Judicial y a diversos actores políticos y mediáticos como parte de una conspiración para encarcelarla, la defensa ahora añade la perspectiva de género como posible factor que haya influido en su condena. Sin embargo, este argumento pierde fuerza al considerar que, en el mismo juicio oral y público que la sentenció, ocho hombres también fueron condenados y están presos por delitos relacionados con el mismo esquema de corrupción.
El martes pasado, en Buenos Aires, los abogados internacionales José Valim —procedente de Brasil y cercano al expresidente Lula da Silva— y el jurista español Jorge Borrego, presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el pedido de revisión. Acompañados por Carlos Beraldi, defensor histórico de la expresidenta, Borrego destacó la cuestión de género como elemento central: “He encontrado numerosas violaciones y arbitrariedades. ¿Por qué tanta hostilidad hacia la Dra. Kirchner? ¿Por ser mujer? ¿Por haber sido presidenta en dos períodos? Curiosamente, en la judicatura y la fiscalía argentina predominan las mujeres; sin embargo, en sus cuatro instancias de juicio no coincidió con mujeres fiscales ni juezas”.
Además, el escrito ante la ONU cuestiona el desarrollo procesal de la instrucción, la validez de los peritos y el análisis de pruebas, temas ya exhaustivamente revisados en numerosas apelaciones presentadas sin éxito por la defensa.
La propia Cristina Kirchner reforzó esta nueva línea argumental con dos columnas publicadas esta semana en los diarios El País de España y Libération de Francia, donde afirmó: “Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, originadas en un machismo estructural que aún subsiste en sectores del sistema judicial argentino”. También denunció que la prohibición para asumir cargos políticos, conforme a la ley argentina para condenados por corrupción, afecta no solo su figura sino el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Esta iniciativa judicial busca también impactar en la interna del peronismo, donde Cristina aún mantiene cierto poder, aunque su posición se percibe más débil frente a la dirigencia actual. La presentación ante la ONU generó un intenso debate entre expertos y un reavivamiento de la disputa entre La Cámpora y Kicillof, pero no se registraron manifestaciones populares de respaldo como en ocasiones anteriores.
Un punto esencial es que Cristina no ha defendido públicamente a los ocho hombres condenados en el mismo juicio, quienes también fueron sancionados sin apelaciones internacionales ni reclamos por supuestas injusticias. Entre ellos están Lázaro Báez, condenado a seis años por ser partícipe necesario de la malversación; José López, exsecretario de Obras Públicas, sentenciado por administración fraudulenta; y Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, a quien Máximo Kirchner sí apoyó públicamente. Completan la lista Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, quienes recibieron penas de entre tres y seis años, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como establece la ley argentina para condenados por corrupción.
A pesar de las circunstancias, Cristina Kirchner insiste en defender su legado y pretende conservar la influencia política que ha perdido, aun cuando su situación judicial y política evidencian un debilitamiento creciente.
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