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Mientras siguen las indagatorias en ANDIS, Diego Spagnuolo pidió ser sobreseído en la causa por corrupción
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó a través de su abogado Mauricio D´Alesandro dos escritos ante el juez federal Sebastián Casanello, pidiendo su sobreseimiento en la causa donde se lo acusa por presuntos hechos de corrupción y la nulidad de la investigación señalando que el audio inicial en el que aparentemente se escucha su voz “fue adulterado”.
En la resolución con la que se citó a indagatoria a Diego Spagnuolo y más de una decena de sospechosos, la fiscalía a cargo de Franco Picardi habló de “graves hechos de corrupción” en la ANDIS. Según el fiscal, allí bajo la conducción de Spagnuolo, funcionó una “organización delictiva» que se dedicaba al «direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo» con fuertes sobreprecios que iban del 10 al 20 por ciento.
El circuito de fondos derivó en el “pago de sobornos a funcionarios públicos” e involucró más de 48.000 millones de pesos del erario público. Entre las acusaciones que este miércoles se le leerán al ex funcionario, se habla de una defraudación al Estado que fue en desmedro de los derechos de sectores vulnerables.
“Vengo por el presente a plantear la nulidad de la resolución de fecha 21 de agosto del año 2025, por encontrarse sustentada en prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.
En función de este criterio, sostiene el abogado defensor que la imputación “se sustenta en una plataforma fáctica que comenzó a reunirse a partir de las medidas que se habilitaron en la sentencia que aquí se reputa de inválida; por lo cual la conexión entre la irregularidad de aquella sentencia y lo que devino con posterioridad luce patente”.
¿Qué había dicho el fiscal federal, Franco Picardi al respecto? Que el audio que tomó estado público en agosto donde Diego Spagnuolo contaba sobre un presento esquema de corrupción que involucraba a Karina Milei como beneficiaria final de los sobornos, no se incorporó como prueba al expediente.
Con una mirada antagónica, la defensa de Spagnuolo sostuvo que no se puede dar inicio a una investigación con una prueba de posible origen ilícito.
“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”, explica uno de los escritos presentados por D´Alessandro.
Se adjuntó un informe pericial y se expresó que el mismo “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA»
Dicho informe “realizado con tecnología de ultimísima generación, donde se consigna que: » Sin embargo, en el fragmento correspondiente al discurso en el contexto telefónico (intervalo 1:44-7:32), la herramienta entrega un resultado con una estimación de probabilidad del 65%, razonable para afirmar que el audio contiene trazas de voz sintetizada…»
Para los abogados del ex funcionario, “como puede verse de los dictámenes del Sr. Fiscal, en cada oportunidad que se expresó respecto de aquel material lo hizo en potencial; es decir, señalando la falta de certeza en la veracidad y exactitud de aquella prueba”.
Motivo por el cual, “resulta inadmisible que el Estado sustente una imputación con material probatorio del cual no realizó todos los esfuerzos y controles necesarios para sustentar su eficiencia y fiabilidad”.
En un segundo planteo, al que accedió Clarín, el abogado retomó la pericia incorporada y sostuvo que se “deja asentado que los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales”.
El Ministerio Público Fiscal había indicado que los audios en cuestión fueron el puntapié inicial para entender que existía el grado de sospecha suficiente para iniciar una investigación, pero que las imputaciones se sustentan en una batería de medidas de prueba impulsadas.
Pero eso fue discutido por Spagnuolo y en el escrito se señaló que el fiscal “recibió la denuncia cuya investigación le fuera delegada el 20 de agosto de 2025 y el mismo 21 de agosto, un día después, describió lo que denominó la «II. La plataforma fáctica denunciada y principales características» y allí definió la prueba como a. los audios b. las notas periodísticas sobre los audios y c. el decreto que limitó las funciones de Spagnuolo y Garbellini”.
En paralelo “definió el objeto procesal de la investigación como el que «se circunscribe -por el momento- a determinar si existieron pagos indebidos que vinculen a la Administración Pública Nacional y a la droguería Suizo Argentina S.A., relacionados a mantener, sostener o promover determinadas concesiones a dicha empresa privada para comercializar medicamentos.»
Como surge la pericia agregada -continúa detallando el escrito- “los audios son falsos entendido ello como el antónimo de auténticos. Fueron editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial“.
En consecuencia se pidió la nulidad del proceso, de la investigación y el sobreseimiento de Diego Spagnuolo.
Las acusaciones
El fiscal Picardi determinó que toda la estructura que según él funcionó desde diciembre de 2023 a julio de 2025, desde el organismo de discapacidad, fue “en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.
Al momento de describir a los involucrados en la organización criminal se detalló el rol de: Diego Orlando Spagnuolo; Daniel María Garbellini; Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete; Eduardo Nelio González; Lorena Di Giorno; Roger Edgar Grant; Luciana Ferrari; Federico Maximiliano Santich; Guadalupe Ariana Muñoz; Patricio Gustavo Rama; Ruth Noemí Lozano; Andrés Horacio Arnaudo; Silvana Vanina Escudero; Alejandro Gastón Fuentes Acosta”.
Al interior de la ANDIS dice la imputación contra Spagnuolo, “existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, sostiene la imputación del fiscal Picardi.
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