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Por segunda vez, la fiscalía anticorrupción denuncia irregularidades en la privatización de la Hidrovía a días de una definición
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó este viernes un dictamen ante la Justicia Federal en el que advierte presuntas irregularidades en la licitación para la privatización del dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía. No obstante, no solicitó medidas cautelares y el proceso continúa vigente.
La PIA, órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción e irregularidades dentro de la Administración Nacional, forma parte de la Procuración General de la Nación.
No es la primera vez que la PIA interviene en este proceso: el año pasado, justo un día antes de la presentación de ofertas, también denunció irregularidades. Fuentes oficiales señalaron que, en cada ocasión, se invitó a la PIA a participar en la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y en las reuniones del Consejo de Control, pero siempre respondieron que no lo harían.
En esta oportunidad, el dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue entregado al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en que el Gobierno confirmó la fecha para la apertura de las ofertas económicas, prevista para el martes 19 de mayo a las 13 horas.
La PIA concluyó que la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT), que recorre los ríos Paraguay y Paraná, «repite errores tales como la redacción de la cláusula anticorrupción; las condiciones para una eventual cesión del contrato; los límites para impugnar y la presentación de ciertas formas societarias; la restricción a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas; así como la obligación impuesta al concesionario de justificar las garantías sobre deudas pendientes con los acreedores actuales».
En el dictamen también se destaca la falta de transparencia en la fórmula de evaluación de las ofertas y en el procedimiento de etapa múltiple establecido, planteando reparos sobre un posible direccionamiento del proceso.
La licitación atrajo el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME, además de la brasileña DTA Engenharia. Esta última fue descalificada por no presentar las garantías requeridas, mientras que las dos primeras continúan en competencia.
En la evaluación técnica oficial, Jan de Nul —anterior concesionaria y acreedora de una deuda del Estado— superó ampliamente a DEME. En un contexto donde existe una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta, y ambas empresas podrían haber propuesto el peaje más bajo posible, el resultado final dependerá en gran medida de la calidad técnica de las ofertas.
La Procuraduría también cuestionó las audiencias públicas por haber vulnerado el derecho a recibir información comprensible, accesible y oportuna, así como la falta de una evaluación completa del impacto ambiental.
«Las conclusiones se mantienen: existen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo que, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación sujetos a reproches administrativos y/o penales», advirtió el fiscal.
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