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Malvinas: Rockhopper desafía las sanciones del Gobierno y compra parte de una plataforma para el proyecto Sea Lion
La petrolera británica Rockhopper anunció la compra de una participación del 35% en una plataforma flotante que formará parte del proyecto Sea Lion, con el que busca extraer petróleo en aguas de las Islas Malvinas junto a la israelí Navitas, pese a las sanciones dispuestas por la Argentina en el marco de su reclamo de soberanía.
Según informó la compañía en un comunicado, firmó un acuerdo para adquirir por 44 millones de dólares el 35% de SPV, una sociedad de reciente creación cuyo único activo es la OSX-1, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. El valor total de la plataforma es de 125 millones de dólares.
El proyecto Sea Lion, en el que Navitas tiene una participación del 65%, apunta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las Malvinas. El yacimiento está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas y fue el primero descubierto en las aguas que las rodean, según anunció Rockhopper en mayo de 2010.
Navitas se incorporó al proyecto a comienzos de 2020 y en diciembre de 2025 ambas empresas anunciaron la decisión final de inversión, un paso que implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras fueron completadas y que la iniciativa se considera viable.
La inversión prevista es de 1.800 millones de dólares hasta la obtención del primer petróleo, estimada para marzo de 2028, y de otros 2.100 millones para el resto de la explotación, que tendría una duración de 30 años. El desarrollo se hará por etapas: primero en el Área de Desarrollo Norte y luego en el Área de Desarrollo Central, donde se utilizará la OSX-1 para acelerar y aumentar la producción hasta alcanzar 180.000 barriles diarios a fines de 2030.
La Argentina, que reclama la soberanía sobre las islas ocupadas por el Reino Unido desde 1833, demandó a ambas compañías y a sus accionistas con el argumento de que los permisos otorgados por el gobierno isleño son ilegales y unilaterales. Además, sancionó a 45 personas y empresas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas con Sea Lion, y presentó una denuncia contra cinco empresas relacionadas con la actividad en la Cuenca Malvinas Norte.
En paralelo, el Gobierno inició un proceso inédito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que ratificaron ambos países. De obtener un resultado favorable, la Argentina lograría un triunfo importante en su estrategia de aumentar la presión sobre el Reino Unido, la administración de las islas y las empresas que buscan explotar hidrocarburos en la zona.
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