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Capacitación policial y salud pública: el cambio silencioso detrás de la caída de las muertes por sobredosis en EE.UU.
Tras años de cifras alarmantes, Estados Unidos comenzó a registrar desde fines de 2023 una disminución sostenida en las muertes por sobredosis. Aunque el fenómeno todavía presenta grandes diferencias entre estados y regiones, el descenso ha despertado el interés de especialistas en salud pública, que buscan identificar qué políticas y estrategias están dando resultados. Entre los factores menos visibles, pero cada vez más relevantes, aparece un cambio profundo en la forma en que la policía interviene ante personas con consumo problemático de drogas.
Durante décadas, la respuesta predominante frente al uso de sustancias fue el castigo penal. Arrestos, encarcelamientos y antecedentes judiciales fueron herramientas habituales, aun cuando múltiples estudios demostraban que este enfoque no solo no resolvía la adicción, sino que aumentaba el riesgo de recaídas y sobredosis fatales. En los últimos años, sin embargo, comenzó a expandirse un modelo alternativo: la capacitación policial en intervención en crisis, conocida como Crisis Intervention Training (CIT).
Este tipo de formación nació a finales de los años ochenta, originalmente orientada a ayudar a los agentes a identificar crisis de salud mental y a manejar situaciones complejas sin recurrir a la fuerza ni a la detención. Con el avance de la crisis de opioides y el impacto devastador del fentanilo, muchos departamentos policiales adaptaron estos programas para abordar también los trastornos por consumo de sustancias.
Con el avance de la crisis de opioides y el impacto devastador del fentanilo, muchos departamentos policiales adaptaron estos programas. Foto: Lars Hagberg / AFP
Virginia Occidental es un ejemplo emblemático. Durante años fue considerado el epicentro de la epidemia de opioides, con tasas de sobredosis entre las más altas del país. Sin embargo, en el último tiempo figura entre los estados que más redujeron las muertes relacionadas con drogas. Aunque no existe una única explicación, investigadores y funcionarios locales señalan que la adopción de programas de intervención en crisis ha contribuido a este cambio.
La capacitación CIT enseña a los agentes a reconocer cuándo una persona atraviesa una crisis vinculada al consumo de drogas, a comunicarse de forma empática y a reducir tensiones. En lugar de escalar el conflicto o proceder automáticamente a un arresto, los oficiales aprenden a evaluar alternativas, como la derivación a servicios médicos, centros de tratamiento o redes de apoyo comunitario.
“Cuando una persona llega al sistema penal, su riesgo de sobredosis aumenta”, explican especialistas en adicciones. La pérdida de tolerancia durante el encarcelamiento y la falta de seguimiento al salir de prisión hacen que muchos consumidores recaigan en condiciones extremadamente peligrosas. En contraste, el acceso temprano al tratamiento, incluso si no garantiza una recuperación definitiva, puede salvar vidas y reducir conductas delictivas asociadas al consumo.
Uno de los elementos clave de este enfoque es lo que los expertos llaman “derivación directa” o warm handoff. En lugar de limitarse a entregar información o contactos, los agentes acompañan activamente a la persona hasta un centro de atención o coordinan su ingreso inmediato al sistema de salud. Esta estrategia busca eliminar barreras burocráticas y emocionales en un momento crítico.
Uno de los elementos clave de este enfoque es lo que los expertos llaman “derivación directa” o warm handoff. Foto ilustrativa: Lars Hagberg / AFP
Quienes trabajan en estos programas destacan que la intervención en crisis también transforma la cultura policial. La formación no solo brinda herramientas técnicas, sino que modifica la manera en que los agentes perciben a las personas con adicciones, pasando de verlas como delincuentes a reconocerlas como pacientes en situación de vulnerabilidad.
El cambio, sin embargo, no está exento de resistencias. Sectores de la sociedad continúan defendiendo una respuesta punitiva, argumentando que cualquier conducta ilegal debe ser castigada. Frente a estas críticas, los defensores del modelo CIT sostienen que responsabilizar a las personas y ayudarlas no son objetivos opuestos. Por el contrario, ofrecer tratamiento y contención puede ser una forma más efectiva de reducir daños y mejorar la seguridad pública.
Los datos preliminares parecen respaldar esta visión. Comparaciones entre jurisdicciones con y sin programas de intervención en crisis muestran una asociación entre la capacitación policial y menores tasas de muertes por sobredosis. Si bien los expertos advierten que se necesitan más estudios para confirmar la relación causal, el enfoque gana terreno como parte de una respuesta más amplia basada en la salud pública.
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