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Los cuatro futbolistas de Vélez acusados de abuso sexual a una joven tucumana fueron sobreseídos
La Justicia resolvió sobreseer a los cuatro ex futbolistas de Vélez Sarsfield que habían sido imputados por un presunto abuso sexual denunciado por una joven tucumana el 6 de marzo de 2024. La decisión fue adoptada por el juez Augusto José Paz Almonacid, luego de extensas audiencias, y marcó un giro sorpresivo en una causa que se encontraba en trámite desde hacía casi dos años. La querella ya adelantó que impugnará el fallo.
La investigación se había iniciado a partir de la denuncia de la joven, quien sostuvo que Sebastián Sosa la había invitado a concurrir al hotel donde el plantel profesional de Vélez se encontraba concentrado tras el partido con Atlético Tucumán. Según su relato, tras compartir bebidas alcohólicas que ella misma llevó al lugar, fue abusada sexualmente por José Florentín Bobadilla, Braian Cufré y Abiel Osorio. En función de esa acusación, los cuatro jugadores habían sido procesados.
El expediente judicial avanzó en medio de fuertes controversias y tuvo uno de sus momentos más tensos a partir de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de dos amigas de la denunciante. Las defensas -a cargo de José María Molina, Ernesto García Biagosch, Ileana Battaglia, Florencia Abdala, Camilo Atim y Ernesto Baaclini- sostuvieron que de esos análisis surgían elementos que permitían afirmar que el vínculo había sido consentido.
Desde la querella, integrada por Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti, se cuestionó duramente la validez de esas pericias. Afirmaron que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades y que, a partir de pruebas que consideraron ilegales, se incorporaron testimonios que no debían formar parte del proceso.
VELEZ Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, los cuatro jugadores de Vélez denunciados por abuso.
En ese marco, los representantes de la víctima solicitaron una audiencia específica para pedir la nulidad de los estudios técnicos y la exclusión de toda la prueba derivada de ellos. Entre los argumentos expuestos señalaron la falta de notificación previa, un presunto exceso en el análisis del contenido de los teléfonos, la vulneración de la intimidad de las testigos y de la denunciante, la afectación del secreto profesional y el uso de palabras clave no autorizadas por la orden judicial.
Sin embargo, el auxiliar fiscal Osvaldo Martínez Terán, siguiendo instrucciones de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, rechazó esos planteos y sostuvo que las pericias se realizaron conforme a derecho. Las defensas coincidieron con esa postura.
Durante el mismo debate, el abogado Molina planteó que, aun sin ingresar en la discusión probatoria, había quedado acreditado que no existió delito alguno, por lo que correspondía dictar el sobreseimiento. El resto de las defensas acompañó ese pedido. El Ministerio Público Fiscal avaló la solicitud solo respecto de Sosa, mientras que la querella se opuso.
Sebastián Sosa acompañado por su familia en medio del proceso. Foto: Gentileza La Gaceta / Juan Pablo Sánchez Noli
Luego de varias horas de audiencias y ante la complejidad de los planteos, el juez Paz Almonacid decidió tomarse un tiempo adicional para analizar el caso en profundidad y diferir su resolución.
Finalmente, según pudo reconstruir Clarín a partir de fuentes judiciales, el magistrado rechazó los planteos de nulidad impulsados por la querella, al considerar que no se acreditaron irregularidades en las pericias ni vulneraciones a la privacidad o al secreto profesional.
Luego, dictó el sobreseimiento de los cuatro imputados al concluir que existían elementos suficientes para sostener que se trató de una relación consentida y no de un abuso sexual. Para arribar a esa conclusión, valoró especialmente el contenido de las pericias telefónicas y el informe psicológico elaborado durante la investigación.
Además, el juez ordenó que las cauciones económicas impuestas a los jugadores sean devueltas una vez que la sentencia quede firme. También rechazó un pedido para investigar el accionar de los querellantes y, a solicitud de las defensas de Florentín Bobadilla, dispuso enviar copias del expediente a la Justicia Federal para que se evalúe si el diputado nacional, Carlos Cisneros, incurrió en algún delito.
Tal como prevé la normativa procesal, la resolución puede ser impugnada. La querella ya anunció que recurrirá el fallo, mientras que aún no se definió la postura del Ministerio Público Fiscal. Las defensas, en principio, no formularían nuevos planteos
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