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Juicio por YPF: el Gobierno dice que no está en desacato y acusa a Burford de embarrar la cancha
La semana pasada Burford Capital, el fondo que financia las demandas de Petersen y Eton en Nueva York contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 amenazó con pedirle a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato, un paso que abriría la puerta a posibles embargos de activos y sanciones adicionales.
El desacato sería porque consideran que el Estado no cumplió en tiempo y forma con la entrega de las comunicaciones de funcionarios y ex autoridades en el proceso de «discovery» para encontrar bienes que embargar en el juicio que el país perdió por US$ 16.000 millones.
Ante la embestida de Burford, desde la Procuración del Tesoro afirmaron que Argentina no se encuentra en desacato y que «está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. Las afirmaciones en sentido contrario -agregaron- “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.
Es más, acusaron al fondo de estar atacando al país porque no le está yendo bien en el proceso judicial y, como prueba, indicaron que sus acciones cayeron 29% en el año.
«En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense», explicaron. Y resaltaron que «la Argentina actúa de buena fe».
“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.
En ese marco, fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados.
Según explicaron, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.
Asimismo, desde la Procuración del Tesoro desmintieron las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron.
El país todavía tiene una prórroga hasta el 10 de enero de 2026 para presentar los mails. En la Procuración detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que «cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal».
“Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una operación mediática irresponsable”, señalaron.
«En paralelo, las partes se encuentran a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena por más de US$ 16.000 millones contra la Argentina», recordaron desde la defensa.
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